¿Es la inversión, por sí misma, la palabra mágica que convierte en bueno cualquier proyecto? ¿Es la expansión de una cadena hotelera positiva, incluso para ella misma, a cualquier costo? ¿Basta que se nos hable de varios millones de dólares para entender que estamos frente a un proyecto que implica desarrollo?

Ninguna de esas preguntas sería contestada positivamente, sin más ni más, ni siquiera por los economistas del libro mercado y la competencia. Aún para ellos, intuimos, hay límites. Más allá de una frontera de racionalidad mínima ya no está ni siquiera la mano invisible del libre mercado, sino el terreno fangoso de la jungla del tráfico inmobiliario.

No pretendemos decir que “Four Points by Sheraton” en la calle Saphy de la Ciudad Antigua del Cusco sea, en sus orígenes e intenciones empresariales, un caso de oscuros manejos. No creemos que una cadena internacional seria como Starwood practique técnicas extrañas y reñidas con los principios mismos del mercado Más aún cuando estamos hablando de un público culto y sensible como el que conforma el nicho del “turismo cultural” del que ha vivido en gran parte la Región Cusco, y que ha extendido sus efectos positivos a la región sur de nuestro país. Porque cuando el turista internacional se entere que la mágica y mística capital del incario está siendo sepultada bajo moles gigantescas de cemento para darle, supuestamente, mayor comodidad a su estancia y calidad a su experiencia, habrá de reaccionar contra ese intento de utilizar su imagen (y su dinero) con tan nefastas consecuencias.

Sin embargo, claro está, las empresas formales están acostumbradas a terrenos en los que las situaciones “extrañas”, las aprobaciones sospechosas y los acuerdos bajo la mesa no son –esperamos no ser ingenuos al decirlo– las reglas del juego. Entonces no basta, y hay que hacerlo saber al CEO de Starwood con aprobar los trámites, en una república donde la corrupción es el pan amargo de cada día, para que las cosas se estén haciendo, si quiera, estrictamente de acuerdo a ley. Hemos llegado a un punto de informalidad tal, que lo que una Ley permite, puede violar lo que la otra Ley protege. Y eso parece ser exactamente lo que viene sucediendo en este caso.

Parchada la Ley 28296 mediante la Ley 30230, el Ministerio de Cultura ha quedado limitado en sus posibilidades de acción, como el propio Director General de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco reconoce y declara. El sistema ha eliminado la exigencia de que, previamente a cualquier autorización que pudiese afectar patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura debía emitir opinión. Ahora puede participar a través de delegados ad hoc y los trámites se realizan únicamente ante la instancia municipal. El problema es que no se cuenta con personal suficiente para cubrir mínimamente los casos en los que se requeriría que la opinión técnica del sector sea efectivamente ejercida. Pero es aún peor, en el caso del hotel de la calle Saphy, en el Cusco, los delegados del Ministerio estuvieron presentes y ni siquiera comunicaron la magnitud del proyecto a su Dirección. ¿Puede seguir manteniéndose en esa cuerda floja el patrimonio, ya no sólo el que pueda parecer menos importante o desconocido, sino el de ciudades como el Cusco?

Que el sistema hace agua y el barco del Ministerio de Cultura podría zozobrar, además de que hace mucho tiempo parece haber perdido timón y criterio de orientación en muchos temas, lo demuestran dos factores verdaderamente increíbles más: el hotel que ahora, de acuerdo a todos los indicadores, sabemos que ha sido autorizado irregularmente y que incumple prácticamente todos los principios urbanísticos del Cusco, cuenta con BENEFICIOS TRIBUTARIOS OTORGADOS POR LOS MINISTERIOS DE TURISMO Y DE ECONOMÍA.

En efecto, por más inverosímil que parezca, existe un Contrato de Inversión celebrado en la Inmobiliaria R&G SAC y PROINVERSIÓN en el Cusco. (Ver http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/CONTRATOS_INVERSION_2010/97%20CI%20INMOBILIARIA%20R&G%20S_A_C_.pdf) por el que esta obra se acoge a lo establecido por el D. Leg. 973, que establece el beneficio de devolución anticipada de impuestos. Para ello el propio Ministerio de Turismo ha tenido que aprobar el trámite mediante R.M. 070-2015-MINCETUR que a su vez ha contado con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio 379-MEF/13-01 de la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos.

La kafkiana situación entonces implica un proyecto en pleno Centro Histórico del Cusco, que se aprueba entre vacíos y extraños manejos, y logra que el Estado peruano lo incentive pese a que, el resultado hasta ahora parcial pero ya terrible, es un daño de magnitud mayor a los valores de uno de nuestros sitios más importantes de cara a la peruanidad, en primer lugar, y al turismo receptivo y la generación de recursos. ¿Puede entonces incentivarse, mientras que los presupuestos para restauración y políticas culturales reales son paupérrimos, a una obra que ni siquiera cumple con los criterios básicos de respeto al medio histórico en el que se inserta? ¿Es esta una forma válida de promover la inversión privada? ¿Motivará más visitas turísticas?

No estamos contra la inversión. No confundamos las cosas. Quienes están contra la inversión son quienes promueven proyectos de tan poco criterio técnico como el que cuestionamos, quienes lo aprueban, quienes lo supervisan, quienes tiene los ojos cerradas hasta que están avanzadísimos, y quienes pretenden callar y disimular la situación como si cerrando los ojos los errores se fueran a corregir o las monstruosas construcciones, desaparecer.

No sólo los hasta ahora mencionados actores públicos están involucrados en el entuerto. Para completar el listado nos falta el Gobierno Regional del Cusco, que también opinó favorablemente al otorgamiento de beneficios tributarios para el proyecto en cuestión, mediante Of. 204-2014-GR-Cusco/PR. Resulta algo sorprendente que los mismos organizadores de nada menos que un paro regional contra una norma que hipotéticamente podría haber generado riesgos al patrimonio, no sólo no digan nada, sino que hasta hayan autorizado una obra que daña, concreta y ciertamente, el patrimonio cusqueño en su propio corazón.

Un primer recuento (seguramente parcial) de actores involucrados, incluye:

a) Ministerio de Cultura que se siente limitado por las normas y tiene delegados que ni siquiera informan oportunamente de trámites tan graves, según declara el propio Director de la DDC.

b) Municipalidad Provincial del Cusco, en la que habrían proyectos originales y cambios oportunistas, pero que no puede eludir ni afirmar que desconoce la magnitud del problema

c) Colegio de Arquitectos Regional Cusco, que cuenta con delegados en la Comisión Técnica que aprueba este tipo de proyectos

d) Colegio de Arqueólogos, que con todas sus limitaciones, debería estar en primera línea de defensa del patrimonio y que bien puede ser oído en ese tipo de comisiones.

e) Gobierno Regional del Cusco, que opina favorablemente al otorgamiento de beneficios tributarios a un proyecto que nunca debió aprobarse.

f) MINCETUR, que mediante Resolución Ministerial avala ese otorgamiento de beneficios y que no atina a opinar o iniciar trámite alguno para frenar lo que ha sido uno de sus más graves errores.

g) El MEF, que también está de acuerdo con los beneficios tributarios.

Las investigaciones parecen estar en curso. Se ha creado una comisión que evaluará con urgencia el caso. Igualmente la DDC del Ministerio de Cultura ha creado una Comisión para investigar la conducta de sus delegados Ad Hoc. Hay más delegados arquitectos que han, al menos, actuado de manera éticamente censurable.

Pero ahora la salida ES UNA Y SOLO UNA y tiene UN SÓLO ACTOR: el Alcalde del Cusco tiene sobre sus hombros, y sobre los de nadie más, el deber de DECLARAR NULO DE OFICIO todo este trámite que ha dado lugar a autorizaciones y licencias impresentables. No es fácil la situación, pero su deber está claramente marcado, Dr. Moscoso. Haber sido elegido como primer funcionario de la ciudad, implica actuar a la altura de las circunstancias. Entidades como ICOMOS estamos tan prestas para apoyarlo en una decisión correcta, como para hacer que una decisión equivocada sea, al menos moral y políticamente, sancionada.

Luego vendrá el capítulo de aprendizajes y cambios: las modificatorias-parche de la Ley General del Patrimonio Cultural están generando un caos que urge solucionar. Los beneficios tributarios no pueden darse con tal ligereza, que nos hallemos subvencionando la destrucción de nuestro patrimonio. Las capacidades deben garantizarse en todos los actores. Las empresas internacionales requieren un mayor cuidado, pues lo contrario es arriesgar su propia imagen.

Con todas las cartas sobre la mesa, la única posible salida favorable al Cusco, al Perú y a la humanidad en su conjunto pasa por DEMOLER lo que jamás debió construirse. Con ello estamos también frente a la oportunidad de poner un precedente que haga reflexionar a los proyectistas sobre la idoneidad de sus conductas.